No queda la menor duda. Algo serio ocurre en la Upav. Mientras las primeras detenciones por el fraude de 114 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz han sido difundidas ampliamente, una red clave de operadores financieros y administrativos permanece en libertad, buscando, según denunciantes, desviar la atención mediática apuntando a otros sexenios, sobre su responsabilidad directa en el saqueo institucional en 2025.
En el centro de la maniobra distractora, se encontrarían Elías Calixto, exfuncionario de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); Juan Martínez, operador de la asociación civil EDAL- instrumento utilizado para el desvío-; y José Martín Rivera Martínez, sobrino de Juan Martínez y actual jefe de asesores de la secretaria de Educación, Claudia Tello.
Esta red, de acuerdo con fuentes internas y fidedignas, actúa para que la opinión pública centre su atención en figuras ya procesadas, como el exrector encarcelado, mientras los verdaderos orquestadores del esquema financiero permanecen impunes.
Acusa un docente de la Upav que solicitó reserva de identidad que “es un clásico juego de cortinas de humo. Han logrado que se hable de los primeros detenidos, pero el flujo del dinero, la autorización para que una asociación civil manejara los recursos y el cobro de ‘derecho de piso’ apuntan a una estructura que sigue intacta y operando desde las sombras”.
Por su parte, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle García, quien desde el inicio de su administración advirtió que en su gobierno no habría cabida para la corrupción, ha recibido en los últimos días presiones públicas y privadas para que la investigación no se detenga en los eslabones iniciales.
Han surgido fuertes rumores en círculos políticos y judiciales de Xalapa que apuntan a que, en cumplimiento de esa promesa de cero impunidad, las próximas horas podrían deparar detenciones de mayor nivel relacionadas con el caso.
Una fuente cercana al ejecutivo estatal afirma que “la gobernadora está cumpliendo su palabra de limpiar las instituciones. El mensaje es claro: no importa qué cargo se ocupe o a qué red se pertenezca; si hay delito, habrá consecuencias. La investigación avanza hacia los responsables intelectuales y financieros”.
Cabe destacar que la AC EDAL, manejada por Juan Martínez, se configuró, según la investigación en curso, como el mecanismo perfecto para vaciar las arcas de la universidad, dejando sin salario a miles de docentes desde abril de 2025.
La cercanía familiar de su operador principal con un alto asesor de la Secretaría de Educación añade un nivel de gravedad institucional que, aseguran los afectados, no puede quedar sin investigación.
La comunidad universitaria y la ciudadanía en general esperan que las próximas acciones judiciales reflejen un auténtico compromiso con la justicia y no sólo una respuesta parcial.
Un representante de los asesores solidarios afectados concluye que “Veracruz tiene los ojos puestos en este caso. Detener a los ejecutores materiales no es suficiente; debe llegarse a quienes dieron las órdenes, autorizaron los movimientos y se beneficiaron del dinero del pueblo”.
La Secretaría de Educación no se ha pronunciado sobre la situación específica de su jefe de asesores, José Martín Rivera Martínez, con relación a la investigación; sin embargo, se espera que la Fiscalía General del Estado dé a conocer en breve nuevos avances que, se rumora, apuntarían a los niveles decisorios del fraude.
